De acuerdo al ministerio de Hacienda, la iniciativa “permite que exista una mejor información sobre el comportamiento de pago, de manera que los buenos pagadores puedan beneficiarse, por ejemplo, con menores tasas. Al mismo tiempo promueve que las personas tomen mejores decisiones financieras".

El Senado aprobó el proyecto de ley que busca crear un Registro de Deuda Consolidada público y gratuito, para una mayor inclusión financiera, reducir el sobre endeudamiento y avanzar en materia de información crediticia. Así la iniciativa avanza a su segundo trámite constitucional.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntó a la importancia de la aprobación del proyecto que fue propuesto por la administración de Sebastián Piñera, señalando que “sería muy positivo para el desarrollo del sistema financiero y sobre todo para controlar el riesgo de sobreendeudamiento de los hogares”.
Este registro contaría con información tanto de deudas impagas como de los datos de créditos pagados en tiempo y forma, constituido por datos entregados por los oferentes de créditos. “Permite que exista una mejor información sobre el comportamiento de pago, de manera que los buenos pagadores puedan beneficiarse, por ejemplo, con menores tasas. Al mismo tiempo promueve que las personas tomen mejores decisiones financieras sobre el nivel de endeudamiento y, a través de eso, facilitar la implementación de políticas de educación financiera”, expresaron desde el Ministerio.
Las instituciones financieras estarían obligadas a informar al organismo, pero también tendrán acceso a la información bajo reglas estrictas que garanticen “la exactitud y seguridad de la información y eliminar la información obtenida una vez que haya sido utilizada para la finalidad respectiva”.
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En esta línea, la iniciativa reconoce la propiedad de las personas sobre sus datos, consagrando a los derechos irrenunciables al acceso, rectificación y cancelación. Las instituciones financieras que no cumplan con estos principios, podrían ser sancionados bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Con un plazo máximo hasta el 9 de noviembre para presentar indicaciones, el Senado constituyó una mesa de asesores para estudiar los aspectos técnico y definió también indicaciones en torno a seis tópicos distintos:
1) Ley Pro Consumidor: obligación de respuesta fundada ante el rechazo de un crédito.
2) Proyecto de datos personales: especialidad de los derechos de los deudores y el rol de la CMF como administrador del registro.
3) Refuerzo al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación, incluyendo un procedimiento de reclamos directamente ante la CMF.
4) Aclaración del concepto de “suficiencia” del registro, permitiendo la solicitud de antecedentes complementarios para la evaluación de riesgo resguardando el carácter mixto del sistema.
5) Adecuar reglas de acceso a la información negativa con la normativa vigente, para no permitir el seguimiento de créditos. Además de incluir instituciones públicas que otorgan crédito.
6) Ajustes en las normas de olvido financiero, para asegurar coherencia con otros proyectos de ley.

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