La industria fintech ha crecido aceleradamente en Chile, a un ritmo que obligó a las autoridades a actualizar sus regulaciones. Por eso, si hasta hace poco la principal preocupación era la certeza normativa, el sector demanda ahora “que esas certezas jurídicas no solamente existan para regular, sino que sea una buena regulación que nos ayude a crecer”, dice José Gabriel Carrasco, quien desde 2023 es el presidente de FinteChile, principal gremio del sector, que lo reeligió para un nuevo período la semana pasada.

Para graficar el momento de la industria, insiste con un ejemplo: “Hoy día participamos de la exportación de servicios, un sector que ya exporta el doble de lo que exporta Chile en vino”. Por eso, también está convencido de que juegan un rol importante en revertir el estancamiento de la economía chilena, si es que las autoridades siguen “la ruta del dinero” para ver dónde hay mayor potencial.

—¿Hay algo pendiente, desde el punto de vista normativo, para potenciar el aporte económico de esta industria?

“Creo que hay diversos temas, partiendo por la armonización regulatoria, creemos que es importante que la permisología baje. Necesitamos que se puedan hacer cosas más rápidas, más eficientes, y junto con la armonización regulatoria hay muchos temas. Nosotros no somos una industria que estamos pidiendo subvenciones, no somos una industria que estemos pidiendo apoyos, estamos pidiendo que nos dejen competir y seguir avanzando. Por lo tanto, me atrevería a decir que, como motor del crecimiento de Chile, lo que queremos es que todo el Estado se dé cuenta de eso”.

—El Gobierno ha mencionado varias veces su interés por potenciar la exportación de servicios, ¿cómo se apoya más?

“Como todas las cosas, no existe una bala de plata. Es una serie de situaciones que tienen que suceder para que Chile sea este hub de exportación, este hub de atraer inversión. Por un lado, son certezas jurídicas, la certeza es clave, certezas tributarias. El que sepan los inversionistas que en Chile las reglas no se las van a cambiar a mitad del partido, es clave. Y eso se ha estado trabajando por años en Chile. Me atrevería a decir que tenemos un marco jurídico que da certezas y, por supuesto, las normas que están en curso y las leyes que se están discutiendo en el Congreso son parte importante de esto. Lo segundo es lo que hagamos con los privados”.

Nota “roja” en los tiempos

Aunque en FinteChile fueron activos en distintas instancias del debate público respecto de su interés por ir apurando la entrada en vigencia del nuevo Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ratificó que la puesta en marcha iniciará en julio del próximo año, tal como adelantaron a través de una norma en consulta durante 2025. Se trata de una normativa que forma parte de la Ley Fintech, una reforma legal aprobada a finales de 2022 y que contempla una extensa gradualidad. Por eso, Carrasco insiste en que la comparación internacional no es favorable respecto de la demora que está teniendo Chile en esta materia.

—Desde el punto de vista de la certeza jurídica, ¿qué señal entregó la postergación de la entrada en vigencia del SFA?

“Viendo el vaso medio lleno, tenemos la certeza, las fechas, eso es algo positivo. Siempre es malo no saber qué va a pasar, pero evidentemente no es algo que tengamos que aplaudir, el que se atrase un sistema en el que éramos pioneros en su minuto y hoy día somos los últimos. No creemos que sea el camino atrasarlo, pero, como todas las cosas, hay muchos detalles que son tanto o más relevantes que los tiempos”.

“Por ejemplo, los mecanismos alternativos, los SLA de la implementación, que todavía creemos que hay espacio para seguir mejorándolos. Nosotros nos hemos puesto y seguiremos a disposición de la CMF y de todas las instancias que sean necesarias para hacer los ajustes que haya que hacer. Hay bastante tiempo por delante, tristemente, por lo tanto creemos que hay espacio para ir haciendo los ajustes que hay que ir haciendo”.

—Si es que hay “ajustes” y aspectos por mejorar, ¿no parece justificado esperar hasta 2027 para mitigar al máximo los riesgos operativos?

“No me parece bien el atrasar los tiempos. Nosotros tenemos fintech que trabajan con la PSD2 en Europa, que es la normativa que regula el sistema financiero abierto, que han participado de las implementaciones en Brasil y en otras partes donde vemos que se han demorado un año y medio, tres años, esto va a tardar siete años. Creo que las cosas se deben hacer bien, compartimos 100% lo que comentó la presidenta de la CMF, que debemos cuidar los riesgos de toda actividad que se haga, y por eso aplaudimos cuando la misma CMF decidió elegir estándares internacionales que justamente cuidan los riesgos. Luego está el proceso de implementación y nuestro llamado a la reflexión es cómo podemos hacerlo cuidando siempre a las personas, las empresas, los datos, y hacer que esto funcione bien, teniendo una buena supervisión en tiempos que sean prudentes, acorde a las experiencias internacionales. Yo me siento mucho más cómodo con plazos cercanos a 3-4 años como ha sido el promedio mundial, más que con el doble de ese tiempo”.

—Si hay detalles en definición que pueden mejorarse, ¿cómo se podría haber lanzado esto en julio?

“Esto es como muchas cosas... En el momento que se pone en consulta la norma, probablemente ha habido emisores que hayan dado por hecho que la consulta se iba a ratificar y no avanzaron en su proceso de implementación. Por lo tanto, el acto de haber hecho la consulta muy probablemente influyó en los tiempos de preparación que le dedicaron los emisores para llegar a la fecha. Con esta fecha, lo que sería bueno es ver si ya incluyeron en este año el presupuesto para implementarlo, para que esté un año después”.

“Lo que es importante es que en todo caso la implementación es gradual, esto no es un big bang, y eso es bueno. Cuando uno hace un desarrollo tecnológico, nunca tienes que invitarlos a hacer los big bang, porque puede pasar lo que pasó con el Transantiago, que lo hiciste de un día para otro y quedó la escoba”.

—Desde la industria bancaria, algunos refutan la tesis de que Chile está atrasado en la comparación internacional, pues los plazos deben contarse desde que los estándares y la normativa están definidos hacia adelante.

“Eso es como decir: me saqué un 1,5, pero parece que hay otro país que se sacó un 1,3; no es la forma. Comparando peras con peras: en toda la evidencia que he investigado con respecto a la fecha de divulgación de la ley versus fecha en que se implementó, no estamos en números azules en los tiempos. Pero da un poco igual la comparación, lo realmente importante es, independiente de cómo sean otros países, cuándo vamos a ayudar a las personas”.

“¿Qué importa si otro país se demoró, sacaron una peor nota que Chile y que todo el resto del mundo sacó una mejor nota? Si lo que nos importa de verdad es cómo llegamos a la señora Juanita, a decirle: Usted puede acceder a un mejor crédito, yo la voy a ayudar a ahorrar mejor”.