El Servicio de Impuestos Internos (SII) dictó una norma que obligará a los comercios a imprimir y entregar la representación impresa de las boletas electrónicas y los comprobantes de pago al realizar ventas presenciales con consumidores finales.

La medida entrará en vigencia el 1 de mayo de 2025 —habrá plazo hasta marzo de 2026 para comercios sin impresoras— y ya está generando preocupación en la industria de medios de pago y en los comercios, especialmente entre los pequeños negocios que operan con dispositivos mPOS o con soluciones digitales.

Desde la industria de pagos digitales y fintechs han manifestado su rechazo a la medida, calificándola como un retroceso en la digitalización del comercio.

Transbank, principal operador de pagos con tarjeta, señaló que "lo resuelto por el SII contradice su propio criterio. En 2022 consultamos al SII sobre la obligatoriedad de imprimir un documento físico y se nos confirmó que, cumpliéndose ciertos requisitos, la impresión del voucher o boleta era una decisión del comercio".

Además, advirtieron que la medida "implica que (los comercios) deban incurrir en nuevos y más gastos adicionales injustificados, incluso teniendo que modificar sus sistemas actuales".

La preocupación es compartida por el resto de la industria. Sebastián Avilés, gerente comercial de SumUp Chile, señaló que la resolución "podría representar un desafío para la innovación y la digitalización de la industria de medios de pago, obstaculizando la integración de tecnología en los procesos de las pymes y dañando su productividad".

Además, afirmó que "generar fricciones adicionales no solo retrasa el desarrollo de la industria en Chile, sino que también tiene repercusiones en la capacidad de las pequeñas empresas para mantenerse competitivas en un entorno altamente digitalizado".

Nicole Revillot, country manager de TUU, también criticó la medida y destacó su impacto en la eficiencia operativa. "Imponer la obligación de entregar un voucher impreso desconoce la evolución del comercio hacia soluciones más ágiles, ecológicas y eficientes", dijo.

En tanto, Raúl Sapunar, gerente general de Klap, indicó que "debe aclararse su aplicación, ya que entendemos que la digitalización debe seguir contribuyendo a una mayor formalización y cumplimiento tributario".

Por su parte, desde Mercado Pago indicaron que "la digitalización no solo busca simplificar procesos y formalizar a los miles de comercios que aún no logran implementar soluciones tecnológicas, sino que también ayuda a reducir el uso de papel y de esa manera contribuir a prácticas más sostenibles. Imprimir boletas electrónicas va en contra de estos principios".

Impacto en pequeños comercios y la inclusión financiera

Una de las principales preocupaciones de la industria es el impacto que esta norma tendrá en los pequeños comercios que utilizan dispositivos Mobile POS (mPOS) y sistemas de pago digitales —como pagos por QR y tap to phone—, los cuales no cuentan con impresoras integradas. La exigencia de impresión podría generar mayores costos y desincentivar estas soluciones. En la industria coinciden en que los mayores costos están en el recambio de dispositivos, por unos más caros con impresora, además de la reposición y envío de rollos.

Los mPOS actualmente son ofrecidos por adquirentes y proveedores de servicios de pago (PSP) a pequeños comerciantes. A diferencia de un POS tradicional, los mPOS se venden en el mercado por valores desde $9.990 y son de propiedad de cada comercio. Según cifras aportadas por las propias empresas a Chócale, existirían más de 600 mil de estos equipos en manos de comerciantes. La gran mayoría de ellos, de no tenerlos, solo aceptaría efectivo.

Se trata de una opción muy flexible para vendedores ocasionales, como puestos en ferias artesanales, quioscos, profesores particulares, reparaciones del hogar y otros negocios de menor flujo de clientes.

En el caso del tap to phone, es una tecnología que convierte cualquier smartphone en una máquina para aceptar pagos usando contactless (NFC). En Chile, solo la ofrecen Klap para dispositivos Android, mientras que SumUp la estrenó recientemente en iPhone.

"Nuestra invitación es a usar la tecnología para democratizar el acceso a pagos digitales y a eficientar procesos. Creemos que es importante trabajar en conjunto con el SII para implementar esta medida de una manera que cumpla con su objetivo sin afectar los avances en digitalización", señaló Juan Antonio Figueroa, director ejecutivo de ChilePay.

Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile, destacó el impacto en la inclusión financiera. "Volver atrás e imponer la impresión obligatoria de vouchers genera una barrera adicional para estos comercios, ya que los obliga a adquirir dispositivos más costosos, limitando sus opciones y aumentando los costos operativos", aseguró.
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Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), su presidenta, María Teresa Vial, alertó sobre el riesgo de informalidad. "Al exigir la impresión de vouchers, muchos pequeños y medianos comerciantes podrían optar por volver al uso de efectivo, lo que dificulta el control tributario y aumenta el riesgo de informalidad". Además, anunció que el gremio solicitará una reunión con el SII para presentar alternativas a la medida.

La preocupación también se extendió hasta el sector gastronómico. Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), calificó la resolución como "un retroceso absoluto", argumentando que "se supone que la boleta electrónica y la factura electrónica eran mecanismos para mejorar la fiscalización, pero lo que estamos viendo es que el servicio quiere volver a la fiscalización presencial".

Picallo cuestionó la necesidad de volver a la impresión en un contexto donde el SII ya cuenta con la información de ventas en línea. "Hoy día la capacidad de control de Impuestos Internos es infinitamente mayor que cuando la boleta era manual, por eso no entendemos por qué tenemos que imprimirla", señaló.

Efectivamente, según una resolución del SII de fines de 2020, los operadores de medios de pago deben enviar diariamente la información de los pagos efectuados por los terminales de venta de cada uno de los comercios, por lo que el organismo ya tiene esta información para ejercer las medidas de fiscalización para el correcto cumplimiento tributario.

Alternativas y llamados a modificar la normativa

Desde la industria proponen explorar alternativas que no impliquen un retroceso en la digitalización y ven espacio para conversar con el SII para revertir o ajustar la medida. Josefina Movillo, de FinteChile, señaló que "si el objetivo es mejorar la fiscalización, el foco debería estar en aquellos espacios donde la reportería aún no es efectiva, y no en quienes ya cumplen con estándares elevados de transparencia y control".

Desde Klap indicaron que podría ser una "buena solución si las boletas emitidas son enviadas al cliente vía correo o tienen un respaldo digital que se pueda verificar en línea por un fiscalizado".

Por su parte, Nicole Revillot, de TUU, anticipó que su empresa ya está trabajando en un plan para apoyar a sus clientes afectados por la normativa. "Para el universo de clientes con POS sin impresora, ya nos encontramos trabajando en un plan de acción para apoyarlos y que puedan acceder a un dispositivo con impresora antes de que entre en vigencia la normativa", anticipó.

A pesar de la extensión del plazo hasta 2026 para algunos comercios, los gremios y empresas del sector insisten en la necesidad de reconsiderar la resolución antes de su aplicación.

"Creemos firmemente en promover un entorno normativo que potencie la inclusión financiera, impulse la competitividad y fomente la transparencia en las transacciones, sin retroceder en el avance digital que ha tenido el comercio en el país", concluyó María Teresa Vial, presidenta de la CCS.

El Servicio de Impuestos Internos declinó participar en este reportaje. Getnet de Banco Santander y Compraquí de BancoEstado decidieron no responder, al igual que la Cámara Nacional de Comercio.

¿Qué pasa en el resto del mundo?

A nivel global, los países avanzan hacia la digitalización de los procesos fiscales con regulaciones en evolución y transiciones graduales. La adopción de soluciones en la nube ha ido ganando terreno por su eficiencia, menor costo y menor impacto ambiental.

En Europa, países como Francia prohíben la impresión sistemática de facturas, permitiéndola solo a solicitud del cliente. España y Alemania aplican normas similares con excepciones específicas. Bélgica exigirá facturación electrónica para operaciones B2B desde enero de 2026, mientras que Italia mantiene impresoras fiscales certificadas, aunque planea migrar a un sistema en la nube en 2026.

En América, Estados Unidos avanza en la facturación electrónica en gran parte del país, pero algunos estados aún exigen impresión en ciertos casos. México, Colombia y Perú imponen facturación electrónica a ciertos contribuyentes, con excepciones para zonas sin internet o clientes con necesidades específicas. En Brasil, la factura electrónica es la norma, aunque persiste la impresión en algunos casos.

Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay mantienen la impresión obligatoria, aunque están avanzando a paso firme hacia la digitalización.

En la industria, varios actores coinciden en que la medida del SII "no se entiende", porque apunta en la línea contraria también en otro aspecto: la sustentabilidad, ya que la posibilidad de que el cliente elija si quiere o no el voucher en aquellas máquinas de pago que efectivamente ofrecen la posibilidad de imprimirlo.