Chile ocupa un lugar destacado a nivel regional en materia de inclusión financiera. El 87% de la población adulta tiene acceso a una cuenta de servicios financieros, por sobre el promedio de América Latina, que alcanza un 74%, según el Global Findex del Banco Mundial.

Y si bien la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cifra en más de 40 millones la cantidad de cuentas bancarias abiertas a personas en el país, aún existen brechas en el uso de productos de inversión, crédito y ahorro.

Ante ello, mucho se ha dicho del impacto que tendrán las fintech en la inclusión financiera. Distintos sectores coinciden en que el aumento de la competencia va a democratizar el uso y acceso a nuevos productos y servicios. Pero, al mismo tiempo, advierten que ella debe ser justa y comprensible para todos.

'La experiencia internacional muestra que se requiere un diálogo extenso entre los reguladores y la industria para establecer prácticas que protejan a los consumidores financieros y evitar abusos', señala Diego Herrera, especialista líder en la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Regulación

La CMF explica que la principal medida de la Ley Fintech para promover la inclusión financiera y la competencia es el sistema de finanzas abiertas, que obliga a prestadores de servicios a intercambiar la información autorizada por las personas, 'lo que permitirá a nuevos actores ofrecer productos orientados a necesidades de los clientes y a costos presumiblemente más bajos, que ya no serán una barrera de entrada', explica Patricio Valenzuela, director general de Regulación de Conducta de Mercado de la CMF.

Detalla que las normativas que dictará el regulador establecerán exigencias de operación, cuyo costo se relaciona con el tamaño y riesgos de la empresa, con obligaciones de educar e informar a las personas y estándares de atención que aseguren la protección de los clientes, sin que ello eleve los costos normativos que pudiesen desincentivar la inclusión.

La competencia

Se estima que a fines de 2024 habrá unas 400 fintech en Chile, lo que sin duda seguirá moviendo al mercado. 'Al estar regulados, la ciudadanía podrá ver que se trata de servicios financieros seguros, lo que aumentará la confianza para contratarlos, obligando a los actores a mejorar servicios, tarifas y llegar a nuevos segmentos subatendidos o que nunca han podido acceder al sistema financiero', afirma Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile.

Sin embargo, el que la información confidencial de los clientes circule entre más actores, es un tema sensible, tanto para la industria como para los consumidores. Para la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), todos los esfuerzos de diseño e implementación deben focalizarse en 'resguardar la seguridad de los datos, de acuerdo a los consentimientos otorgados, así como las transacciones financieras que se realizan, cuidando la integridad de la cadena de pagos', opina su gerente de Estudios, Matías Bernier.

Entre los beneficios, Diego Herrera destaca que los sistemas basados en datos permiten identificar el comportamiento de los consumidores y ofrecer productos ajustados a sus preferencias, lo que permitiría satisfacer demandas que antes no estaban cubiertas, como el acceso a un puntaje de crédito, por ejemplo.

Coordinación necesaria

Para la academia, este es un aspecto central que propicia la educación financiera. Jaime Ruiz-Tagle, profesor de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, explica que los puntajes crediticios permiten saber los efectos de las decisiones financieras de las personas en los productos y tasas de interés que les ofrecen, lo que debiera ser un trabajo en coordinación con los actores del sistema financiero y el regulador.

Otro aspecto relevante, opinan los expertos, será asegurar la conectividad a quienes viven en lugares apartados del país, lo que implicará acelerar los avances en la cobertura de internet.

Finalmente, la portabilidad financiera también será clave para dar término a contratos de servicio y no obstaculizar el cambio de una institución a otra, 'lo que debe ir acompañado de un marco legal que incorpore productos y contratos de servicio estandarizados, que sean transparentes, simples de comprender y permitan comparar entre distintas alternativas', agrega Ruiz-Tagle.