En reserva trabaja el Gobierno desde hace un año, para dar forma a la iniciativa incluida en el programa presidencial de Gabriel Boric, de crear la Banca Nacional para el Desarrollo. Se ha estado diseñando bajo otro nombre: Agencia Nacional de Financiamiento para el Desarrollo.
La tarea central de la nueva institución sería facilitar el financiamiento para proyectos de largo plazo o de interés estratégico para el país, con énfasis en aquellos ligados a la innovación tecnológica o la transición energética, y que habitualmente tienen mayores dificultades para conseguir préstamos en la banca privada tradicional.
Aunque no existe plazo para su discusión en el Congreso, el diseño y los detalles de esta iniciativa se están trabajando desde junio del año pasado, a través de un equipo liderado por la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen.“El principal objetivo es aumentar el impacto y variedad de los instrumentos financieros del país, enfocados en la transformación productiva, y asegurar la sustentabilidad financiera de la cartera. Esto permitirá movilizar financiamiento hacia proyectos de adopción y desarrollo de nuevas tecnologías, y aquellos que contribuyan a la diversificación productiva de la economía, principalmente a través de instrumentos que generen adicionalidad y complementariedad con el sector privado”, explica la autoridad, ante consultas de este medio.Los instrumentos y la banca de segundo pisoLa principal función que va a concentrar la nueva agencia será entregar instrumentos denominados “de segundo piso” a proyectos que requieren capital de riesgo.
El segundo piso permite canalizar recursos a través de la banca y otras instituciones financieras, mediante instrumentos de intermediación —por ejemplo, garantías estatales— que buscan disminuir el costo de financiamiento de proyectos asociados a la transformación productiva. Por ejemplo, una pyme que busca implementar un nuevo sistema energético con tecnología solar podría ser un buen candidato para este tipo de financiamiento.El 80% del financiamiento estaría asociado a ese segundo piso. El otro 20% está pensado para una apuesta más audaz: banca de riesgo de primer piso.
Para ese primer piso, indican quienes conocen la iniciativa del Ejecutivo, se piensa en instrumentos que fomenten la industria de capital de riesgo. Se mantienen las líneas de financiamiento a fondos que actualmente otorga Corfo, “pero además podrá aportar en fondos de venture capital”. Se centraría en proyectos innovadores de mayor escala, donde la incertidumbre tecnológica y especialización hacen difícil la evaluación comercial tradicional.En este caso, también se estudia generar créditos sindicados con otras entidades financieras multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
No está definido el capital inicial que requeriría la nueva entidad. Sí está resuelto que deberá autofinanciarse, comentan fuentes familiarizadas con su diseño.Hasta ahí, mencionan las fuentes, observan sinergias con la banca privada: por un lado habría garantías estatales en el segundo piso, y en el caso del primer piso de proyectos de muy alto riesgo, la banca tradicional no suele competir.
Los planes del Ejecutivo contemplan que la nueva institución esté organizada “como sociedad anónima”, sujeta a las normas comunes en la materia y fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero. “Uno de los principales objetivos de la propuesta es mejorar el gobierno corporativo y la gestión de los instrumentos financieros de desarrollo, conforme a los estándares internacionales”, señalan desde la Subsecretaría de Economía a “El Mercurio”.
Algunos plantean un gobierno corporativo con “estándar Banco Central”, que impida designaciones asociadas a un gobierno de turno y que seleccione a profesionales de alto nivel.
En la entrega directa de financiamiento, una de las principales propuestas es crear un “fondo de fondos” común de capital de riesgo, donde el Estado sea aportante en conjunto con inversionistas privados. Esto permitirá acceder a una mayor magnitud de recursos para financiar proyectos con alto potencial de escalamiento.En septiembre de 2022, en el marco del grupo de trabajo, la jefa de la División de Competencia y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Camila Carrasco, informó que “deberá ser un fondo de inversión público, que pueda invertir en fondos de inversión públicos o privados”.Según las actas, la idea es que la gestión la asuma una administradora general de fondos (AGF), “con experiencia en capital de riesgo, o que contrate equipo con track record demostrable”. Idealmente, se busca asociación con actores internacionales, dado que “localmente faltan algunos expertos” en la administración de este tipo de activos.
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