Los medios de pago serán una prioridad para el Banco Central este año. Así lo expresó su presidenta, Rosanna Costa, durante su exposición en el reciente Chile Day, donde además agregó que uno de los ejes en este enfoque serán los llamados stablecoins.
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Se trata de activos digitales, que al igual que las criptomonedas “tradicionales”, utilizan tecnología blockchain, como se ha nombrado al registro virtual que canaliza sus transacciones. En la práctica, funcionan como una base de datos compartida que usa encriptación para proteger las operaciones.
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En comparación con algunos de los activos más “comunes” como bitcoin o Ethereum, tienen una diferencia fundamental desde el punto de vista financiero: cuentan con un valor de referencia real que suele anclarse a monedas estables, como el dólar. Desde el punto de vista operativo, mientras bitcoin presenta una alta volatilidad en su valorización y muchas personas lo transan en busca de rentabilidad, los stablecoins suelen usarse como “puente” entre el dinero digital y el real, o bien para concretar ciertas operaciones con una agilidad mayor a la que ofrece el sistema financiero tradicional.
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¿Por qué regular?
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Uno de los usos más comunes de este tipo de activos son las operaciones desde y hacia el extranjero, como el envío de remesas. De hecho, un análisis de Boston Consulting Group (BCG) de enero recién pasado, constata que cerca del 40% de las operaciones que usan este tipo de instrumentos corresponden a operaciones transfronterizas entre empresas, un 25% corresponde a remesas entre personas naturales, y otro 25% se concentra en el pago de servicios digitales.
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De acuerdo con Gonzalo Troncoso, managing director y partner en BCG, la regulación en este ámbito es relevante, dado que “la alternativa no es ‘no tener stablecoins’, es ‘tener stablecoins sin reglas’, y ese sería el peor de los mundos”. Lo dice porque las transacciones con esta moneda han crecido con fuerza en otros países, lo que define como “una suerte de dolarización digital que poco a poco va permeando en la población”. Si no se regula, agrega, se termina desprotegiendo a los usuarios y se deja de percibir ingresos transfronterizos.
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La propia Rosanna Costa fue clara con los objetivos que persigue una eventual regulación en esta materia, para la cual solicitaron asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI). Considerando que los emisores deben contar con una canasta de activos que respalde el valor de referencia de los stablecoins, uno de los focos estará en establecer “requisitos de estabilidad y liquidez para los activos de respaldo”, dijo.
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Mirada de la industria
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Desde FinteChile, su directora ejecutiva, Josefina Movillo, cree que los stablecoins ya son “una realidad global”, y el desafío ahora es una regulación adecuada. “Una aproximación excesivamente restrictiva dejaría a Chile atrás y empujaría la innovación hacia espacios menos trazables, que es justamente lo que se busca evitar”, sostiene. Destaca que “contar con regulación permitiría incorporar estas operaciones dentro de un entorno supervisado y con trazabilidad”.
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Juan Antonio Figueroa, director ejecutivo de ChilePay, tiene una mirada similar: “Anticiparse es más apropiado que reaccionar”. A su juicio, “los nuevos activos digitales tienen potencial para ampliar el acceso a servicios financieros y aumentar la eficiencia operacional —objetivos que Chile ya persigue en su agenda de pagos—, pero su desarrollo sin regulación puede también generar riesgos para la estabilidad financiera”.