Hace más de 10 años, con distintas intensidades, se viene discutiendo la necesidad de que Chile cuente con un Registro de Deuda Consolidada, es decir, que se conforme un registro estatal donde se concentre la información crediticia de los consumidores.Sin embargo, esta oportunidad es diferente. Cuando ya estamos cerrando el 2023, vemos con entusiasmo cómo el último proyecto de ley sobre esta materia presentado por el Gobierno ha logrado un inédito avance: consiguió su despacho desde la Cámara de Diputados hace algunos meses y está en pleno trámite en el Senado, cuya sala ya le dio su visto bueno en general.Vamos bien, sí, pero la gran aprensión del mercado financiero es que nuevamente quede atascada una legislación tan necesaria para el país, que beneficiará no solamente a las empresas, sino que también a los consumidores.Independiente del tiempo que lleve de discusión, algunos se preguntarán por los beneficios que significa para la ciudadanía que el país tenga un registro de deuda consolidada debidamente administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y por qué una iniciativa de estas características es tan apoyada por distintos sectores.La razón es que por primera vez dotará a los nuevos proveedores de créditos, como las fintech, la oportunidad de competir de forma equitativa con empresas tradicionales; como también prevenir el sobreendeudamiento y entregar mejores alternativas de financiamiento para las pymes.En términos simples, los proveedores de créditos, debidamente regulados por la CMF, contarán con la posibilidad de acceder a la información financiera —con la autorización del solicitante de un préstamo— para conocer su historial crediticio, permitiendo así premiar a los buenos pagadores a través de, por ejemplo, mejores tasas (créditos más baratos).El último gran paso que dio Chile para fortalecer la innovación y competencia en su sistema financiero fue la entrada en vigencia en febrero de la denominada Ley Fintech, actualmente en plena implementación por parte de la CMF y cuyo eje central es, precisamente, la puesta en marcha de un esquema de finanzas abiertas que, según el mismo regulador, 'permite intercambio entre prestadores de servicios financieros de la información personal de clientes que hayan consentido expresamente para ello. Así, proveedores de servicios basados en información e iniciadores de pago podrán conectarse vía API con las instituciones financieras de los clientes. Se fundamenta en que las personas son titulares de su información financiera y pueden ejercer el control sobre la misma'.Hoy estamos enfrentando los últimos pasos legislativos para entregarles a todos los chilenos la oportunidad de tener finanzas saludables y, además, poner al país a la vanguardia en materia de tecnología financiera. Con una Ley Fintech y un adecuado Registro de Deuda Consolidada, sin duda, podremos hacer realidad el sueño de convertirnos en un centro financiero regional, competitivo e innovador y mejorar la calidad de vida de las personas.