El proceso constitucional ya está en su recta final y, sin desmerecer su importancia e independiente del resultado del plebiscito del 17 de diciembre próximo, Chile debe afrontar los otros desafíos que tiene por delante y que, como es de público conocimiento, no son pocos.

Uno de ellos es el económico. Aunque la inflación ha ido cediendo, todavía queda un largo camino por recorrer, ya que el país ha sufrido una contracción económica el primer semestre de este año, lo que no debiese cambiar mucho si el mismo Banco Central también visualiza que al cierre de 2023 la inversión caerá en un 1,2%. Por si esto fuera poco, entre enero y agosto los despidos por necesidades de la empresa aumentaron en más de un 16% en comparación con el mismo período de 2022, contexto no muy distinto a la peor época de la pandemia.

Entonces, considerando todo lo anterior y que las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) representan más del 90% del total de sociedades y que emplean al menos a la mitad de la masa laboral en Chile, es imprescindible preguntarse: ¿cómo se puede ayudar a este segmento de compañías en un escenario en que también deben asumir los efectos de la Ley de las 40 horas y el considerable aumento del salario mínimo?

A diferencia de las grandes firmas, las pymes tienen mayores dificultades para acceder a la liquidez necesaria para solventar los costos que significa este escenario, lo que se grafica con las históricas altas tasas de interés en los créditos comerciales que se han visto este año.

Las respuestas a dichas preguntas son más sencillas de lo que uno cree y tiene que ver precisamente con el financiamiento. Por ejemplo, está en pleno proceso de implementación la Ley FinTech, mientras que el Congreso está tramitando el proyecto de Ley de Deuda Consolidada. ¿Qué tienen en común? Ambos permitirán la entrada de nuevos actores regulados al mercado crediticio, los cuales dispondrán de las mismas condiciones para competir con los oferentes de préstamos tradicionales.

¿Qué significa esto? Mayor competencia, que traerá mayor acceso a financiamiento y obligará a los actores incumbentes a ofrecer las mejores condiciones crediticias, especialmente en materia de costos, si quieren captar a las pymes como clientes.

Además, la adopción de la inteligencia artificial, como el sistema Warren, por parte de los nuevos oferentes de crédito, asegurará una evaluación más justa y equitativa para las pymes que soliciten un préstamo para obtener la liquidez necesaria que les permita operar en tiempos turbulentos e inciertos.

¡Las pymes necesitan ayuda ahora! Con voluntad, se puede apoyar.