El factoring ha sido una de las herramientas más eficaces de financiamiento para las empresas chilenas, en especial para las pymes. Su desarrollo se apoyó de forma progresiva con la incorporación de la factura electrónica y en reglas claras para la cesión de créditos. Hoy, ese mercado enfrenta un eventual nuevo desafío: la tokenización de facturas mediante blockchain y criptoactivos.

La idea es simple. No se crean nuevos créditos ni se altera la naturaleza del factoring. Lo que cambia es la forma de financiarlo. Al representar una factura como un token, se facilita el acceso a liquidez, se reducen costos operativos y se amplía la base de inversionistas. En un contexto de restricciones crediticias bancarias, esto no es menor.

El debate no es tecnológico, sino regulatorio. Y en ese punto, Chile parte desde una posición razonable. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha sido consistente y clara: la regulación se define por la función económica, no por el soporte tecnológico. Blockchain no es tierra de nadie. Si un instrumento financiero (token) otorga derechos económicos y se ofrece con expectativa de retorno, debe analizarse bajo las reglas de la ley Fintech para su oferta, intermediación y custodia. Si una plataforma intermedia financiamiento o custodia activos digitales, debe cumplir estándares financieros y de control al amparo de la Ley Fintech y la normativa relevante de la CMF, incluyendo específicamente la NCG 502.

La Ley Fintech refuerza ese enfoque. Su regulación por actividad permite incorporar estos modelos al sistema financiero formal, sin forzarlos a esquemas pensados para otra época. Bien aplicada, no es un freno a la innovación, sino un marco de confianza para empresas e inversionistas.

Lo mismo ocurre con las exigencias de prevención de lavado de activos. La tecnología no elimina riesgos; los redistribuye. Integrar cumplimiento desde el diseño no solo es una obligación legal, sino una condición para escalar.

La tesis es clara: el factoring tokenizado no amenaza la estabilidad financiera, la moderniza. Chile tiene un mercado de factoring desarrollado, un regulador técnico y un marco legal flexible. El desafío es usar esas ventajas para encauzar la innovación, no para postergarla. En un país que necesita más financiamiento productivo, dejar pasar esta oportunidad sería un error estratégico.