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Por qué el perfil pro-banca que adquiriría el consejo de la CMF despierta alertas sobre su independencia
La ley obliga a los comisionados a abstenerse en asuntos de entidades donde trabajaron el último año, pero no en las normas generales que rigen a toda la industria.
October 15, 2026
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El Mercurio

La primera apuesta del Gobierno era llenar las dos vacantes del consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con banqueros, según una fuente que conoce el funcionamiento del regulador. Los nombres eran Juan Esteban Laval, fiscal de la Asociación de Bancos (ABIF), y Óscar González, exgerente general de BancoEstado. Al final, Hacienda envió al Senado los nombres de Laval y Macarena Lobos, pero la sola presencia del abogado del gremio en la nómina abrió el debate entre abogados y exreguladores sobre el riesgo de captura.

La nominación ahora se encuentra a la espera de lo que diga el Senado, que tiene que ratificar los nombramientos con la aprobación de cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Para ello no tiene un tiempo específico, pero normalmente se trata de un periodo que tarda entre 2 y 4 semanas. En ese tiempo, oficialismo y oposición deberán discutir sobre la idoneidad de los postulantes, de modo que aún puede haber novedades en los nombres si es que alguno no convence al otro sector. Y la llegada del fiscal del gremio de los bancos al organismo que debe convence al otro sector. Y la llegada del fiscal del gremio de los bancos al organismo que debe regular justamente a esa industria es una de las complejidades que los parlamentarios opositores ya tienen anotada en su agenda.  

Tras la salida de Solange Berstein a principios de año (cercana a la oposición), y con la actual salida de Bernardita Piedrabuena (oposición) y Augusto Iglesias (oficialismo), el regulador tendrá un perfil renovado de cara a los más de tres años que quedan de gobierno de José Antonio Kast. Y con el ministro Jorge Quiroz buscando numerosos cambios normativos al mercado de capitales, la conformación de la CMF resulta crucial para la viabilidad de la agenda económica.  

El riesgo de captura del regulador

"Me parece que los nombres son buenos, pero lo que está en juego es otra cosa", plantea Eduardo Sbocchia, abogado experto en compliance. El jurista asegura que Macarena Lobos tiene oficio en reparticiones de gobierno afines a las materias que ve la CMF, y que por su parte, Laval conoce a la perfección la banca privada desde dentro, y sobre todo las normativas que se le aplican. Ahí está su principal mérito, pero también el principal riesgo.  

"No creo que la llegada de alguien de la industria al regulador lo contamine de por vida, porque un regulador que no conoce el negocio sólo puede fiscalizar a ciegas. Pero tampoco creo en la ingenuidad: el riesgo de captura no se resuelve con buena fe, sino que con reglas", explica Sbocchia.

La captura del regulador es un fenómeno bien conocido a nivel internacional, y básicamente consiste en la pérdida de independencia de un fiscalizador al alinearse con la industria que debe ser fiscalizada. Evitarla es un desafío típico para prevenir conflictos de interés, resguardando el interés público y la competencia.

Con esto coincide Álvaro Gallegos, ingeniero comercial y ex superintendente de Pensiones: "dentro de la disciplina de la regulación financiera está lo que se llama captura, y en el caso de la CMF, me parece que la llegada de alguien desde el gremio mismo de los bancos a quien debe regularlos se acerca a eso", señala.

Gallegos explica que esto tiene además correlación con la procedencia de Catherine Tornel, comisionada que asumió la presidencia del Consejo en marzo de este año, tras la salida de Solange Berstein. En efecto, Tornel exhibe en su currículo la vicepresidencia de Transbank, vehículo a través del cual los principales bancos de Chile han articulado el negocio de los medios de pago. Tornel ocupaba una silla en dicho directorio a nombre de Banco de Chile.  

Además, otro que tendría una sensibilidad particular con los bancos es un tercer comisionado del Consejo, de hecho, el que fue nombrado más recientemente. Se trata de Osvaldo Adasme, nominado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado en abril de este año. “Él viene de la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), y en particular, de la dirección de supervisión prudencial, que justamente busca un diálogo constante con los bancos y fiscalizados para prevenir eventos complejos, entonces él tiene un trabajo muy cercano con los bancos desde hace muchos años”, explica Gallegos.  

Sobre la nominación de Laval, Gallegos plantea que el hecho de que sea fiscal de la ABIF vuelve la situación más desafiante: “Él es justamente el experto del gremio de los bancos en la regulación que pesa sobre el sector, no es como si fuera un asesor o consultor contratado que circula por el perímetro de los bancos, sino que el experto legal del gremio de los bancos, trabajando por el interés de la industria en ese contexto”.  

Además, Laval registra reuniones de lobby con distintas autoridades que regulan a la industria en nombre del gremio bancario.  

Eventuales inhabilidades a la vista

Sbocchia plantea que los candidatos son idóneos desde el punto de vista profesional, pero que hay un riesgo de captura. Por eso, señala que idealmente “el Senado debería preguntarles algo concreto: ¿de qué materias se van a abstener, por cuánto tiempo y cómo lo van a dejar registrado?”.  

Al respecto, el artículo 16 de la ley orgánica de la CMF expresa cuáles son los casos en los que deberán abstenerse de participar y votar los comisionados cuando “se traten de materias o se resuelvan asuntos en que puedan tener interés”, según dice la ley. Esta norma habla de las típicas inhabilidades que afectan al comisionado por parentesco, relación, o también por intereses patrimoniales.  

Pero uno de los numerales del artículo 16 plantea un caso que podría aplicar para alguien que viene del gremio de los fiscalizados. La norma dice que los comisionados tienen interés cuando “las decisiones o asuntos a tratar recaigan sobre sociedades o entidades en las que se hubiere desempeñado los últimos doce meses como director, administrador, gerente, trabajador dependiente o asesor, consejero, mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité, como también de sus matrices, filiales o coligadas”.  

Sin embargo, la misma norma explica que esta prohibición no produce impedimentos para el comisionado si se trata de normativas generales que afecten a la industria.  

Para Sbocchia, será importante la “declaración de intereses pública, inhabilitación expresa en asuntos de sus ex mandantes y trazabilidad de esas decisiones”. Y agrega que “hoy a las empresas se les exige acreditar que previenen y gestionan sus conflictos de interés para evitar responsabilidad. Sería raro que el regulador que las fiscaliza se exigiera menos a sí mismo”.  

Expertise bancaria en tiempos de cambios para la industria

Si bien la cercanía de un regulado con el regulador plantea desafíos, también el perfil técnico de Laval como un conocedor de la industria bancaria es algo algunos miran con buenos ojos.  

“La confianza en el mercado requiere un regulador que actúe con autonomía y objetividad, bajo reglas claras. Esto implica una distancia institucional pero compatible con un diálogo técnico y permanente con la industria”, señala el abogado Benjamín Salas, socio del estudio jurídico B2SG Legal. Pero plantea que el conocimiento que Laval tiene sobre la industria es relevante, debido a que el regulador no sólo tiene el deber de supervisar, regular y sancionar, sino que también desarrollar el mercado financiero.  

Para el abogado, “el paso de Laval desde la ABIF al regulador puede generar preguntas egítimas sobre su independencia, pero no basta por sí solo para concluir que esta se verá afectada”. Y agrega que “lo importante es que los posibles conflictos de interés se transparenten y se cumplan los deberes de abstención”, señalando que “la independencia de los miembros del consejo se demuestra en sus decisiones y en sus abstenciones cuando corresponda”.  

Lo mismo plantea Juan Eduardo Palma, abogado socio del estudio jurídico Palma, quien dice que “viniendo del gremio bancario aporta un gran conocimiento acerca de la industria que puede ser muy relevante para el ejercicio de la potestad regulatoria de la CMF”.  

Cabe recordar que desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast, y desde la presidencia de Catherine Tornel en la CMF, ya se han anunciado grandes cambios favorables para la industria de los bancos. Tornel, por ejemplo, anunció que los requerimientos de liquidez hacia los bancos serían reducidos drásticamente mediante la implementación de un modelo de riesgos internos de cada banco. Además, la reforma al mercado de capitales (MK4) buscará modificaciones a la Ley de Fraudes que también resultan beneficiosas para esta industria.  

Mayor diversidad en el consejo

El artículo 9° de la ley que rige a la CMF señala que en el nombramiento de los comisionados “se deberá velar de manera permanente por la conformación de un Consejo diverso”. Esa es una de las inquietudes entre distintos regulados por la comisión que no son bancos y no están en ese gremio, pero que también apuntan a entregar servicios financieros, como las fintech.  

“El Senado y la CMF tienen el mandato de contar con comisionados que conozcan la amplitud de la industria que van a regular y, en esa línea, nuestra expectativa es que se elijan comisionados que cumplan con el rol de entender las necesidades de distintas industrias”, señaló José Gabriel Carrasco, presidente de FinteChile. “En ese sentido, si bien tenemos una buena impresión de Juan Esteban, no deja de ser un espacio de reflexión que los comisionados vengan de una industria en específico y que se hayan dedicado a trabajar en pos de los intereses de esa industria”, agregó.  

Desde FinteChile plantean algo que algunos ponen en entredicho con el nuevo perfil que se configura para la Comisión para el Mercado Financiero: la necesidad de que el regulador busque generar competencia y también innovación financiera.